Categoría: NO DEBEMOS
OLVIDAR
A
las 08:00 del
12
julio 1979
43º
aniversarios
Se desató
un terrible incendio en el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza-ARAGÓN-ESPAÑA, que
provocó la muerte de un número indeterminado de personas:
Más de 80
Y heridas de diversa consideración a un número
superior a 100 personas.
Cualquier cifra que se dé a día de hoy es,
necesariamente, aproximada.
La ocultación de datos en el caso del Corona de
Aragón ha sido tal que es imposible dar con certeza una cifra de muertos y de
heridos, al igual que es imposible atribuir fehacientemente el atentado a un
grupo terrorista concreto.
LISTA DE ASESINADOS,
pero hay más
Carlos
Teodoro Walle Joris
José
Domingo Pujadas
Francisco Duifain De Alba
Joaquín
Ismael Peris Coret
Cristóbal Alvero Sánchez
Benita
Molano Leno
Serafín Ares Espiñeira
Joaquín
Antolí Berenguer
Francisco Sidera Casals
Francisco Javier Puig Villaro
José
María Sanz Herranz
Fernando
Noguero Gómez
Arabela Torres Bardo
Carmen
Pallaruelo Turón
José
Miguel Carcamo Lastra
Rodrigo Dávila (hijo)
Roberto Dávila
Juan
Ángel Castellini
Jean Arthur Furnelle
Louise Laude Augusta-Farcy
Genara
García O´Neil
Gonzalo Montes Martínez
José
Molina Campayo
Blanca
Iris Carllini
Francisco Comes Quer
Ángel
Fullana Llodras
Mercedes Payol
Tomás
Revuelta Catalán
Vicente Rubert Cherma
Mª
Fernanda Rubert Gimeno
Wallace Kent Foster
Basilia Torres
Jin
Thaelman
José
Luis Serrano Sánchez
Eugenio Díaz Iglesias
José
Jiménez Gil
Ángel
Cabello Iruela, su mujer, Asunción Baeza Escolano, y su hija de 15 años,
Asunción Cabello Baeza
José
Andrés Bonet Bofill
Isabel
Durán Milara
David
Giménez Pérez
Ángel
Hernández Pérez
Patrick Du Breuil Anchagno
Ángel
Martínez Torres
Juan
Ramón Albanell Córdoba
Teresa
Berdor Labe
José
Fernández Olivé
Alfonso Queipo De Llano Acuña
Robert
Bashlow
Begoña
Álvarez Velasco
Miguel
Ángel Santos Álvarez
Manuel
Antonio Moro Hernández
Inmaculada
Fernández Caballero
José
Luis Martínez Muñio
Joaquín Danzberber Ammermann
Juan
Francisco Juan Martínez
Emilia
Guillermina Bouza Álvarez
Amparo
Gimeno Pujol
Enrique
Pérez Gimeno
Manuel
Moya Gimeno
Ana
María Pérez Gimeno
Arnold
Rivero
Rosa
María Ezquerro Escribano
Leocadio
Olabarria García-Rivero
Santiago Martín Pérez
Erosina Segarra Narváez
Feldmann Kim
Santiago González Camiruaga
Rodrigo
Peñalosa Esteban Infantes
Rodrigo Peñalosa López-Pin
José
Del Amo Villar
Luis
Prieto Fernández
Marta
Bamala Duch
Carlos
Alberto Mauro Albrizio
Santos
Ainsa Cristóbal
María
Concepción García Llorente
Joaquín
Valero Pérez
Mercedes
Vega Neira
Manuel
Moro Hernández.
Aquel
día se alojaban en el Hotel Corona de Aragón
La viuda de Franco
Su yerno
Su hija -los marqueses de Villaverde-
Dos de sus nietos
Además
de diversos mandos militares.
Iba a celebrarse el acto de entrega de despachos
de la XXXVI promoción de la Academia General Militar en Zaragoza, por lo que la
mitad de los huéspedes del hotel eran familiares o amigos de los cadetes de la
Academia General que ese día recibían sus galones de alférez.
Hoy en día el caso
del Corona de Aragón sigue siendo confuso, entre otras cosas porque nunca se
investigó realmente lo que ocurrió.
Oficialmente se dijo
que el incendio había tenido su origen en la churrería de la cafetería.
Tanto Francisco
Laína García, gobernador civil de Zaragoza
Como el alcalde de la ciudad, el socialista Ramón
Sáinz de Baranda, se apresuraron a acallar los rumores que, desde el mismo día
del incendio, atribuían el mismo a un atentado terrorista.
"El tema ya no está en mi mano.
Es cosa del juez.
En un principio
manifesté que se trataba de un accidente.
Eran los datos que
teníamos en aquel momento: que el fuego se inició al prenderse el aceite de la
freidora de churros.
Sin embargo, no
puede hablarse de una sola causa, sino de varias concausas.
Por ejemplo, las
condiciones del techo de la cafetería Picadilly, o el tiempo que se tardó en
avisar a los bomberos".
Sin embargo, desde el
primer momento se apuntó la idea de que era un atentado de ETA.
Ya en el funeral
celebrado el día 13 de julio, y pese a los nuevos desmentidos oficiales, estos
rumores iban en aumento y habían tomado cuerpo de manera
especial en algunos círculos militares de la capital
aragonesa.
De hecho, varios
generales y tenientes generales que asistieron a los actos de entrega de
despachos en la Academia llegaron a establecer contacto
telefónico con La Moncloa en términos muy duros por la
ocultación de las verdaderas causas.
Este extremo fue
desmentido por el secretario de
Sea como fuere, en esos momentos quienes
pilotaban la transición consideraron que no convenía decir la
verdad a la opinión pública, para evitar que la inestabilidad
política que ello conllevaría provocase una involución en el proceso
democrático.
La investigación de los técnicos del Servicio de
Higiene y Seguridad en el Trabajo arrojaba, sin embargo, otro resultado: una
explosión en el vestíbulo del hotel había provocado un fuego que se propagó por
las escaleras.
El juez instructor del sumario por
el incendio del Hotel Corona de Aragón se resistió a admitir la versión oficial
y dictaminó
causas exógenas.
De este modo, el 8 de mayo de 1980, elevó a la
Audiencia Nacional una exposición razonada de los hechos "a fin
de que ésta determine competencias".
Dicho de otra forma, el juez instructor no se
consideraba competente en el caso por estimar que el incendio fue provocado por
causas exógenas, lo que llevaba directamente a la atribución del mismo a un
atentado terrorista.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo,
por su parte, ha venido reivindicando desde su creación el reconocimiento por
parte de las autoridades de que el incendio fue un atentado terrorista de ETA.
En línea con esta postura, el matrimonio formado
por el teniente retirado de la Guardia Civil, Ángel Cabello Iruela de 55 años
de edad, natural de Rascafría (Madrid) y Asunción Baeza Escolano, además de uno
de sus tres hijos, Asunción Cabello Baeza, de 15 años, figuran en la
página web de la Guardia Civil como víctimas del terrorismo.
En el año 2000, el Gobierno del PP concedió a
las familias de los fallecidos del Corona la indemnización que les correspondía
en aplicación de la ley de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo de 1999.
La decisión partió del entonces ministro de
Interior, Jaime Mayor Oreja.
Casi tres décadas después, el Tribunal
Supremo establecía que el incendio del Hotel Corona de
Aragón fue un atentado terrorista en una sentencia
en la que se reconoce el derecho a la concesión de una medalla honorífica como
víctima del terrorismo a una de las fallecidas en el incendio, María
Concepción García Llorente.
La Sección Sexta de la sala de lo
Contencioso-Administrativo asumió las conclusiones de un perito de la familia
que aseguró: "Este incendio no pudo provocarse por una sola y aislada persona,
ni de forma casual.
Necesariamente han tenido que intervenir un
mínimo de tres personas, debidamente concertadas entre
sí".
Añadía que esto es así porque se produjeron
"tres igniciones prácticamente simultáneas junto al piano, junto al
conducto de humos y junto a la salida de la churrera".
Los magistrados señalaron que si se tienen en
cuenta las circunstancias expuestas en el dictamen, en el que se alude a un
"concierto mínimo de tres personas", así como a la "utilización
de napalm unido al magnesio para la producción o la
intensificación del incendio", se impone reconocer el derecho a la
concesión de la distinción solicitada".
Para llegar a esta conclusión, también se ha
tenido en cuenta que este "grupo de personas necesariamente hubo de contar
con conocimientos
altamente especializados" y también con "el adiestramiento
necesario para moverse entre las llamas, conocer dónde
efectivamente habían de producirse las igniciones y cómo entrar y salir del
hotel sin lesión para ellos".
Aunque la sala de lo Civil del Supremo ya había
mencionado el uso de pirogel, napalm o elementos exógenos que provocaron el
incendio y había absuelto de responsabilidad a la empresa del hotel, nunca
hasta ese momento la Justicia había reconocido que el siniestro de Zaragoza se produjo en
un contexto histórico singular.
"No cabe ignorar la realidad social (del
país)", dice la sentencia, que también recuerda "la importancia que
la violencia terrorista ha tenido en la más reciente historia de España".
Subraya que el país sufre el
terrorismo desde hace décadas y con un altísimo coste de
vidas humanas desde la llegada de la democracia, lo que "resultaba
especialmente grave y notorio en la fecha en que se produjeron los hechos de
referencia, a mediados de 1979".
La sentencia del Supremo supuso un mazazo a
la posición del Gobierno, que denegó la condecoración a los
fallecidos del Corona, al entender que no había pruebas de que el incendio
fuera un atentado terrorista, y anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de 7
de diciembre de 2007 en el que se denegaba la medalla.
El Ministerio del Interior desoyó, en octubre de
2004, la
recomendación del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, a
favor de ese reconocimiento moral.
El Ejecutivo socialista entendía que no había
base legal para la medalla, pese a que habían recibido la indemnización como
víctimas de terrorismo en virtud de la ley 32/1999.
El abogado del Estado intentó explicar, sin
éxito, que los familiares podían recibir la indemnización de la ley de
Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo de 1999, pero no obtener la
condecoración, puesto que esto se reservaba a quienes sufrieron actos de grupos
terroristas.
Una vez asentado judicialmente que el incendio
no fue un accidente, sino un atentado terrorista, y situándonos en 1979, hay
varias posibilidades
de autoría.
Por un lado estaban los GRAPO. Este grupo
terrorista, tras los secuestros de Antonio María de Oriol, presidente del
Consejo de Estado, y del teniente general Emilio Villaescusa (1977), sólo llevó
a cabo atentados poco complicados técnica y operativamente y nunca utilizó
material inflamable tipo napalm. De todos los sospechosos es el
único al que se puede descartar con casi total seguridad.
En aquellos años aun
estaban activos los grupos de extrema derecha.
Descoordinados, sin
apenas capacidad técnica y organizativa, aun así pudieron
haber actuado en la creencia de que un atentado masivo
contra los militares y sus familias, entre los que estaban los Franco, podía
provocar un golpe de Estado.
Lo cierto es
que El Alcázar y la
ultra derecha utilizaron desde el primer momento lo ocurrido en el hotel
zaragozano para su propaganda a favor de una solución militar, por lo que no se les
puede excluir totalmente.
En contra de esta
opción, nos encontramos con la falta de una mínima capacidad técnica y
organizativa con la que siempre se movieron estos grupos.
Tampoco, ni antes ni
después, usaron líquido inflamable sofisticado.
La tesis de la
extrema derecha es la que ha sostenido, entre otros, el periodista de
investigación Fernando Rueda, incluso después de la sentencia del Tribunal
Supremo.
Finalmente tenemos a las dos ramas
de ETA activas aquellos años: la político-militar y la militar.
Ambas habían lanzado desde el año anterior una
brutal ofensiva que culminaría en el sangriento 1980.
Las dos ramas tenían suficiente capacidad
informativa para recabar detallada información del hotel.
También contaban con medios
técnicos suficientes para fabricar sofisticadas bombas
incendiarias.
Por último, tenían suficientes
militantes con experiencia en el crimen y en la
realización de atentados espectaculares.
Se puede argumentar
que no
ha sido el modus operandi habitual de
la banda.
Pero no se puede
obviar que ETA no ha tenido el menor problema en variar sus métodos habituales.
Al fin y al cabo el
primer gran atentado espectacular, el de Carrero Blanco, se realiza mediante un
sistema, el túnel con explosivos, que no se volverá a repetir.
Por otra parte,
ETA utilizó
napalm años después, en el brutal atentado contra el
Hipercor de Barcelona.
En definitiva, de
todos los grupos terroristas sospechosos era el único con la suficiente capacidad técnica
y organizativa para cometer una masacre de esas
características.
Tenemos, por otro
lado, las reivindicaciones que se hicieron del atentado,
que hay que tomar con todas las precauciones del mundo, especialmente las que
se hicieron a El Heraldo de Aragón,
que fueron dos: una de ETA y otra del FRAP.
Esta segunda hay que
descartarla completamente, puesto que el FRAP fue totalmente desarticulado
cuatro años antes, en 1975.
Así lo recoge José García
San Pedro en su estudio sobre los grupos terroristas de la
época:
Una de estas organizaciones es el Partido Comunista Español
marxista-leninista [PCE (m-1)] de cuyo seno, y como consecuencia de las
reacciones desencadenadas por el Consejo de Guerra de Burgos contra miembros de
ETA, surgirá en enero de 1971 el Comité Organizador pro-FRAP (Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota), que en 1973 se constituye en el Frente
Armado del PCE (m-1) como FRAP (Centro Español de Documentación: Terrorismo y
Justicia en España, págs. 115 y ss).
El FRAP estaba llamado a ser el embrión de un futuro ejército popular
cuya estructura básica estaría formada por ‘escuadras de tiro’,
compuestas por grupos de tres a cinco hombres y encuadradas orgánicamente
en ‘destacamentos
de asalto’ que a su vez constituirían ‘batallones de
choque’ incluidos en ‘brigadas móviles’.
La realidad fue que, a pesar de este voluntarista
y pretencioso planteamiento, no lograron pasar de la primera
fase estructural, y sus actividades violentas se redujeron a una serie de
atracos y robos (‘expropiaciones’ y ‘requisas’) y a cuatro asesinatos de
componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, siendo
desarticulados en 1975 (García San Pedro, José, Terrorismo:
aspectos criminológicos y legales, Facultad de
Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1993, pág. 164).
De la lectura de
este texto se desprende que la reivindicación a El Heraldo por parte del FRAP se debió, muy
posiblemente, a un intento claro de intoxicación.
Por lo tanto, estas
reivindicaciones a El Heraldo que,
además, fueron conocidas por la opinión pública muchos años después, ofrecen
escasa credibilidad, aunque tampoco hay que descartarlas.
Más interés tiene la
reivindicación que hizo ETA en Radio Bayona.
Aún manteniendo todas las precauciones, ya que
el caso del Corona de Aragón no sería ni el primero ni el último atentado en el
que se han realizado reivindicaciones absolutamente inverosímiles, hay que
hacer notar que sí ha sido habitual, y más entonces, que la banda terrorista
ETA reivindicara sus atentados en medios vasco franceses. Y concretamente en
Radio Bayona la banda había reivindicado muchos de sus asesinatos.
Por otra parte, y como hemos dicho, estas
reivindicaciones fueron también cuidadosamente escamoteadas a la
opinión pública, como parte de la trama de ocultación del
atentado.
Laína García consiguió que no se publicara la
supuesta llamada de ETA a la prensa zaragozana atribuyéndose la autoría, y el
Gobierno de que no trascendiera en España la reivindicación hecha
posteriormente por ETA a Radio Bayona.
Si realmente no se hubiera querido ocultar las
verdaderas causas, lo lógico habría sido no sólo que no se hubiese ocultado la
existencia de esos comunicados, sino que se hubiesen investigado para tratar de
dilucidar su veracidad.
Más de tres décadas después este aspecto del
atentado será siempre objeto de controversia.
Quedarían dos aspectos importantes sobre los que
reflexionar: el primero es por qué querría la banda terrorista ETA atentar
contra el Corona de Aragón, sabiendo que en el mismo estarían alojados muchos
civiles.
El segundo aspecto es por qué el Gobierno de
Suárez no quiso que se supiese que había sido un atentado terrorista, fuera
quienes fueran sus autores.
En relación al
primero, es evidente que ETA y sus partidarios han tenido una obsesión, rayana
con lo patológico, con Franco y el franquismo.
Durante décadas los
etarras y los proetarras han tildado a los no nacionalistas de
franquistas, directamente, y en su paranoia han llegado a
convertir a España en sinónimo de Franco.
En este contexto ideológico
sí adquiere sentido un atentado contra familiares del dictador que se
encontraban alojados en el hotel, dato que era conocido y se había anunciado
públicamente.
Los daños
colaterales que se pudiesen provocar no era algo que haya
preocupado especialmente a la banda, como ha quedado patente en numerosos
atentados.
Pero una vez que se
había fracasado en el objetivo de acabar con la familia Franco, carecía de
sentido reivindicarlo, independientemente de la veracidad que le demos a las
reivindicaciones a El Heraldo y
Radio Bayona, ya que no les reportaría ningún beneficio propagandístico, más
bien todo lo contrario.
Por otra parte, la
atribución a ETA de este atentado siempre ha sido utilizada por los terminales
mediáticos etarras para hacer victimismo.
Sirva de ejemplo lo
publicado recientemente por el historiador Iñaki Egaña en Gara, en un artículo en el que intenta desvincular a ETA
del asesinato de la niña Begoña Urroz: "La intoxicación fue tomando cuerpo
como en otras ocasiones.
Algunas de ellas
fueron muy sonadas, como cuando diversos medios de comunicación atribuyeron a
ETA las autorías de asesinatos de grupos parapoliciales: Tomás Alba, Eduardo
Moreno, Santi Brouard, Josean Cardosa, Josu Muguruza...
O la bomba en la
guardería Iturriaga que causó tres muertos.
Aquí quien realmente
está intoxicando es el propio Egaña, porque presenta a la "pobrecita
ETA" como víctima de una campaña de insidias para desacreditarla, cuando
ni siquiera en la contundente sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 se
cita expresamente a ETA.
En todo caso, las
agraviadas y escarnecidas han sido las víctimas, a las que se les ha ocultado
durante años que no fue un accidente, sino un atentado terrorista.
El segundo aspecto
relevante es el motivo por el que al Gobierno de UCD no le interesó
investigar la posible autoría terrorista del incendio.
Evidentemente, sólo
puede obedecer a motivaciones políticas.
En esos momentos al
débil Ejecutivo lo último que le interesaba era asumir la autoría terrorista,
la que fuera, del incendio.
De haberlo hecho, se
hubiera visto obligado, muy posiblemente, a adoptar unas medidas de excepción
cuyo coste político no estaba dispuesto a asumir.
Por otra parte, no
era la primera vez que el Gobierno de Adolfo Suárez ocultaba datos a la opinión
pública para no caldear el ambiente, como ocurrió con la tortura sufrida por
Javier de Ybarra durante su secuestro, de cuya autopsia se ocultaron
a los ciudadanos los datos más horribles.
En el caso del
Corona de Aragón se fue más allá en la ocultación, pues directamente se negó la
autoría terrorista.
Para concluir, más allá de lo que íntimamente
podamos pensar sobre este atentado, sería irresponsable acusar directamente
a ETA de lo ocurrido en el Hotel Corona de Aragón, habida
cuenta de que no hubo nunca una verdadera investigación y la causa se cerró en
falso.
Pero sería exactamente igual de irresponsable
borrar a ETA de la lista de sospechosos y no señalar que
eran los que tenían más interés en realizar una masacre así, además de ser
prácticamente los únicos con capacidad técnica y material para llevarla a cabo.
Por una de esas
ironías que tiene la historia, en el mismo BOE de 18 de febrero de 2011 en el
que se publicaba la condecoración a las víctimas del atentado del Hotel Corona
de Aragón, se publicaba también el Real Decreto por el que se condecoraba a la
persona que más hizo por ocultar que fue un atentado, Francisco Laína García,
como muy acertadamente señalaba el constitucionalista Carlos Ruiz Miguel en su
blog Desde el Atlántico el 23 de febrero de 2011.
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