Categoría: NO DEBEMOS OLVIDAR
A
las 18:30 del
22
octubre 1978
44º ANIVERSARIO
ETA ametrallaron a cuatro guardias civiles que
volvían andando al cuartel de Las Arenas de Guecho-Vizcaya-PAÍS VASCO-ESPAÑA, después de hacer un servicio de
vigilancia, matando en el acto al
Sargento de
la GUARDIA CIVIL
LUCIANO MATA CORRAL
Guardia civil
LUIS CARLOS GANCEDO RON
HERIDOS
Hiriendo gravemente a
Andrés
Silverio Martín
Que fallecería cuatro días después, el 26 de
octubre.
También resultó herido el cuarto guardia
civil,
Carlos
Troncoso Currito
Que consiguió sobrevivir al atentado.
Los guardias civiles habían ido, como todas las
tardes que había partido oficial de fútbol en el campo de Gobelas,
a realizar el habitual servicio de seguridad.
Una vez que terminó el partido, el sargento y
los tres guardias regresaron andando al cuartel por la calle Máximo Aguirre.
Caminaban divididos en parejas, una por cada
acera de la calle.
La calle, en la zona residencial del barrio de
Santa Ana, tenía árboles y la iluminación era escasa.
No habían recorrido ni cincuenta metros cuando
cuatro terroristas, que les estaban esperando parapetados detrás de una tapia
de medio metro que separa el edificio de Telefónica de la calle Máximo Aguirre,
en la acera de la derecha, abrieron fuego con metralletas y escopetas de caza
cargadas con postas.
Los dos guardias civiles que caminaban por esa
acera derecha, Luciano Mata y Luis Carlos
Gancedo, fueron alcanzados de lleno por los disparos.
El sargento Mata murió en el acto y el agente
Gancedo fallecería poco después, mientras era trasladado al Hospital Civil de
Basurto.
Simultáneamente, y casi sin tener tiempo de
reaccionar, fueron ametrallados los otros dos guardias civiles, Andrés
Silverio y Carlos Troncoso.
Nada más cometer el atentado, los etarras,
salieron corriendo hacia dos vehículos, coches robados como siempre, donde les
esperaban otros dos terroristas.
El cuerpo del sargento Luciano Mata permaneció
tendido sobre un jardín durante casi una hora hasta que el juez de guardia
ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al depósito
judicial del Hospital de Brasurto.
Los cuatro guardias civiles estaban adscritos al
cuartel de la Guardia Civil de Las Arenas, situado a poco más de quinientos
metros del lugar del ametrallamiento.
AUNQUE A DÍA DE HOY NO HA SIDO JUZGADO NI CONDENADO NINGÚN ASESINO DE LA BANDA TERRORISTA ETA POR ESTE ATENTADO
22 octubre 1982
40º
aniversario
Guecho-Vizcaya-país vasco-españa
ETA asesinaba al
pRopietario del Bar Nicolás, en guecho
DOMINGO JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ
Domingo estaba en el
bar de su propiedad, en la calle Andrés Cortina, donde en esos momentos se
encontraban apenas media docena de clientes.
Poco antes de las
19:00 horas, dos miembros de la banda terrorista ETA entraron en el local a
cara descubierta y con las pistolas en la mano.
Tras ordenar a los
clientes que se estuviesen quietos, se dirigieron a Domingo, que se encontraba
detrás de la barra del bar, y uno de ellos efectuó dos disparos directamente a
la cabeza de la víctima y luego la remató en el suelo a bocajarro.
"Uno de los autores del atentado",
según contó un cliente del bar, "gritó entonces: 'Quietos todos'.
En marzo de 2010 se
detuvo en Francia a José Lorenzo Ayestaran Legorburu,
alias Fanecas, un etarra de
la vieja ETA, la que se benefició de la amnistía de 1977, con
veinte atentados y diez asesinatos a sus espaldas, entre ellos el de Domingo
García González.
El veterano asesino se
reincorporó casi inmediatamente después de beneficiarse de la amnistía a la
banda terrorista, manteniéndose activo durante los años ochenta.
Posteriormente fue
deportado a Venezuela, y Hugo Chávez estuvo a punto de concederle la
nacionalidad venezolana, pese a que España había pedido su extradición en 1996.
La Audiencia Nacional
tiene dictadas varias órdenes de búsqueda y captura contra él en, al menos,
diez sumarios.
Ayestaran fue
arrestado junto al número uno y jefe militar de ETA, Ibon Gogeaskoetxea y
Beinat Aguinagalde en la localidad francesa de Cahan.
El estruendo provocó la alarma entre los vecinos
de esta manzana situada en el último tramo de la calle del Beato Tomás de
Zumárraga, frente al edificio del seminario de Vitoria y a escasos metros de la
ronda de circunvalación, una vía rápida de salida hacia cualquier destino desde
la capital alavesa.
Los primeros vecinos que accedieron hasta las
inmediaciones del garaje observaron una gran columna de humo.
Entre ellos estaba la esposa de Máximo, Concepción
Jaular, que bajó a interesarse por lo sucedido sin sospechar
que su marido había sido asesinado.
Máximo Casado había sido amedrentado y
amenazado en varias ocasiones por su condición de funcionario de prisiones y
había mantenido discusiones con vecinos proetarras.
Durante el secuestro del también funcionario de
prisiones José Antonio Ortega Lara, había recibido
amenazas por carta de ETA, como otros funcionarios de otras cárceles de España,
además de que aparecieron pintadas amenazantes en su barrio y de que le
quemaron su buzón en una ocasión.
Según comentaron fuentes policiales en el bloque
e viviendas donde vivían Máximo y su familia también residían jóvenes
terroristas callejeros vinculados a Jarrai,
la organización juvenil proetarra, y había discutido con un vecino a cuyos
hijos, próximos a Herri Batasuna, los acusó de dañarle el buzón.
Todo ello le llevó a plantearse
seriamente la posibilidad de irse del País Vasco, donde llevaba
más de diecisiete años, y trasladarse a alguna ciudad cercana, un
comportamiento habitual en los funcionarios de prisiones que trabajaban en el
País Vasco pero fijaban su residencia en localidades próximas, como Miranda de
Ebro, Burgos o Logroño.
Cuatro días después del asesinato, su
viuda, Concepción
Jaular, remitía una carta abierta, publicada en varios diarios,
donde anunciaba su decisión firme de abandonar inmediatamente el País Vasco con
sus hijos.
El primero de estos atentados se produjo en el
mes de mayo de 2000, cuando un artefacto compuesto por dos bombonas de gas
destrozó el acceso a la vivienda donde residían, junto a sus padres, dos
hermanos afiliados a Nuevas Generaciones del País Vasco.
La bomba destrozó la entrada del piso, situado
en el número 90 de la calle del Beato Tomás de Zumárraga, cinco portales más
allá de donde residía el funcionario asesinado por ETA.
Además, en agosto otro sabotaje provocó el caos
en este bloque de viviendas. Un artefacto de gran potencia situado junto a la
puerta del domicilio de un guardia civil destrozó el descansillo de esta casa.
La explosión se produjo sobre las 10:40 horas,
cuando en la casa se encontraba el hijo del agente, ya que éste se había
incorporado a su turno de trabajo en el cuartel de Sansomendi, situado a unos
doscientos metros de esta vivienda.
Por otra parte, las
amenazas de la banda a los funcionarios de prisiones continuaron tras el
asesinato de Máximo Casado.
La información sobre dónde vivía Máximo Casado, la
matrícula de su vehículo, la ubicación de su plaza de garaje e, incluso, la
llave de acceso al aparcamiento, se la habían suministrado a ETA los chivatos
de la banda Juan Carlos Subijana Izquierdo y Zigor
Bravo Saez de Urabain, colaboradores necesarios en el asesinato
Trasladado a España en
febrero de 2009, en marzo de 2010 la Audiencia Nacional lo condenó junto a Zigor
Bravo a un total de 56 años de prisión por el asesinato del funcionario de
prisiones Máximo Casado.
La condena resulta de
sumar sendas penas de 25 años por un delito de asesinato terrorista y otros 3
años por daños.
Según argumentó la
Fiscalía, Zigor Bravo era vecino de Máximo Casado y
fue él el que suministro la información de los horarios del funcionario de
prisiones, además de la llave de su garaje para que los
terroristas pudieran colocar la bomba-lapa en los bajos de
su vehículo.
Una de las principales
pruebas esgrimidas por el tribunal es la declaración que Subijana efectuó ante
la Guardia Civil en la que admitió que Bravo le proporcionó información sobre
Casado que luego él trasladó a otros miembros de ETA todavía no
juzgados.
Posteriormente, el
etarra alegó que dichas declaraciones fueron realizadas bajo tortura, táctica
habitual en los miembros de la banda.
Por su parte, Zigor Bravo fue detenido,
inicialmente, en noviembre de 2001, cuando sólo había sobre él sospechas de su
colaboración en el asesinato de Máximo.
En octubre de 2003, el entonces juez de la
Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, procesó a Bravo junto a otros 15
presuntos miembros de los llamados "comandos de información" de ETA,
básicamente chivatos de la peor calaña, por facilitar
datos a la banda terrorista para la comisión de atentados, entre ellos los que
les proporcionó un preso etarra sobre funcionarios de la cárcel de Nanclares de
Oca (Álava).
Según el auto de procesamiento, Juan Carlos
Subijana integraba desde 1997 uno de esos grupos de chivatos junto a José Ramón
Acedo y Zigor Bravo, facilitando "en numerosas
ocasiones" datos a la banda terrorista para la ejecución de atentados.
Subijana recibía de Enrique
Celestino Uriarte, interno en la prisión de Nanclares de Oca,
información sobre los funcionarios de este centro para atentar contra ellos y
pedía a miembros de los grupos de chivatos que la comprobaran o recabaran más
datos.
En agosto de 2006 Zigor Bravo fue detenido por
segunda vez en Vitoria tras la aparición de nuevas pruebas que reforzaron las
sospechas de su colaboración directa en el asesinato de Máximo Casado.
Fue precisamente Subijana quien, tras su detención en junio de 2004 en Francia por formar parte de los "taldes de reserva", implicó directamente en los hechos a Bravo.
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