22 OCTUBRE

 

Categoría: NO DEBEMOS OLVIDAR

 

A las 18:30 del

22  octubre  1978

44º ANIVERSARIO

 

ETA ametrallaron a cuatro guardias civiles que volvían andando al cuartel de Las Arenas de Guecho-Vizcaya-PAÍS VASCO-ESPAÑA, después de hacer un servicio de vigilancia, matando en el acto al

 

Sargento  de  la  GUARDIA  CIVIL  

LUCIANO MATA CORRAL

Guardia  civil

LUIS CARLOS GANCEDO RON

HERIDOS

Hiriendo  gravemente a 

   Andrés Silverio Martín

Que fallecería cuatro días después, el 26 de octubre.

También resultó herido el cuarto guardia civil, 

   Carlos Troncoso Currito

Que consiguió sobrevivir al atentado.

 

Los guardias civiles habían ido, como todas las tardes que había partido oficial de fútbol en el campo de Gobelas, a realizar el habitual servicio de seguridad.

Una vez que terminó el partido, el sargento y los tres guardias regresaron andando al cuartel por la calle Máximo Aguirre.

Caminaban divididos en parejas, una por cada acera de la calle.

La calle, en la zona residencial del barrio de Santa Ana, tenía árboles y la iluminación era escasa.

No habían recorrido ni cincuenta metros cuando cuatro terroristas, que les estaban esperando parapetados detrás de una tapia de medio metro que separa el edificio de Telefónica de la calle Máximo Aguirre, en la acera de la derecha, abrieron fuego con metralletas y escopetas de caza cargadas con postas.

Los dos guardias civiles que caminaban por esa acera derecha, Luciano Mata y Luis Carlos Gancedo, fueron alcanzados de lleno por los disparos.

El sargento Mata murió en el acto y el agente Gancedo fallecería poco después, mientras era trasladado al Hospital Civil de Basurto.

Simultáneamente, y casi sin tener tiempo de reaccionar, fueron ametrallados los otros dos guardias civiles, Andrés Silverio y Carlos Troncoso.

Nada más cometer el atentado, los etarras, salieron corriendo hacia dos vehículos, coches robados como siempre, donde les esperaban otros dos terroristas.

El cuerpo del sargento Luciano Mata permaneció tendido sobre un jardín durante casi una hora hasta que el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al depósito judicial del Hospital de Brasurto.

Los cuatro guardias civiles estaban adscritos al cuartel de la Guardia Civil de Las Arenas, situado a poco más de quinientos metros del lugar del ametrallamiento.

 

AUNQUE A DÍA DE HOY NO HA SIDO JUZGADO NI CONDENADO NINGÚN ASESINO DE LA BANDA TERRORISTA ETA POR ESTE ATENTADO

 

 

22  octubre  1982

 

40º aniversario

 

 

Guecho-Vizcaya-país vasco-españa

 

 

ETA asesinaba al

 

 

pRopietario  del Bar Nicolás, en  guecho

 

DOMINGO JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ

 

Domingo estaba en el bar de su propiedad, en la calle Andrés Cortina, donde en esos momentos se encontraban apenas media docena de clientes.

 

Poco antes de las 19:00 horas, dos miembros de la banda terrorista ETA entraron en el local a cara descubierta y con las pistolas en la mano.

 

Tras ordenar a los clientes que se estuviesen quietos, se dirigieron a Domingo, que se encontraba detrás de la barra del bar, y uno de ellos efectuó dos disparos directamente a la cabeza de la víctima y luego la remató en el suelo a bocajarro.

 

 "Uno de los autores del atentado", según contó un cliente del bar, "gritó entonces: 'Quietos todos'.

 

En marzo de 2010 se detuvo en Francia a José Lorenzo Ayestaran Legorburu, alias Fanecas, un etarra de la vieja ETA, la que se benefició de la amnistía de 1977, con veinte atentados y diez asesinatos a sus espaldas, entre ellos el de Domingo García González.

 

El veterano asesino se reincorporó casi inmediatamente después de beneficiarse de la amnistía a la banda terrorista, manteniéndose activo durante los años ochenta.

 

Posteriormente fue deportado a Venezuela, y Hugo Chávez estuvo a punto de concederle la nacionalidad venezolana, pese a que España había pedido su extradición en 1996.

 

La Audiencia Nacional tiene dictadas varias órdenes de búsqueda y captura contra él en, al menos, diez sumarios.

 

Ayestaran fue arrestado junto al número uno y jefe militar de ETA, Ibon Gogeaskoetxea y Beinat Aguinagalde en la localidad francesa de Cahan.

 

El estruendo provocó la alarma entre los vecinos de esta manzana situada en el último tramo de la calle del Beato Tomás de Zumárraga, frente al edificio del seminario de Vitoria y a escasos metros de la ronda de circunvalación, una vía rápida de salida hacia cualquier destino desde la capital alavesa.

Los primeros vecinos que accedieron hasta las inmediaciones del garaje observaron una gran columna de humo.

Entre ellos estaba la esposa de Máximo, Concepción Jaular, que bajó a interesarse por lo sucedido sin sospechar que su marido había sido asesinado.

Máximo Casado había sido amedrentado y amenazado en varias ocasiones por su condición de funcionario de prisiones y había mantenido discusiones con vecinos proetarras.

Durante el secuestro del también funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, había recibido amenazas por carta de ETA, como otros funcionarios de otras cárceles de España, además de que aparecieron pintadas amenazantes en su barrio y de que le quemaron su buzón en una ocasión.

Según comentaron fuentes policiales en el bloque e viviendas donde vivían Máximo y su familia también residían jóvenes terroristas callejeros vinculados a Jarrai, la organización juvenil proetarra, y había discutido con un vecino a cuyos hijos, próximos a Herri Batasuna, los acusó de dañarle el buzón.

Todo ello le llevó a plantearse seriamente la posibilidad de irse del País Vasco, donde llevaba más de diecisiete años, y trasladarse a alguna ciudad cercana, un comportamiento habitual en los funcionarios de prisiones que trabajaban en el País Vasco pero fijaban su residencia en localidades próximas, como Miranda de Ebro, Burgos o Logroño.

Cuatro días después del asesinato, su viuda, Concepción Jaular, remitía una carta abierta, publicada en varios diarios, donde anunciaba su decisión firme de abandonar inmediatamente el País Vasco con sus hijos.

El primero de estos atentados se produjo en el mes de mayo de 2000, cuando un artefacto compuesto por dos bombonas de gas destrozó el acceso a la vivienda donde residían, junto a sus padres, dos hermanos afiliados a Nuevas Generaciones del País Vasco.

La bomba destrozó la entrada del piso, situado en el número 90 de la calle del Beato Tomás de Zumárraga, cinco portales más allá de donde residía el funcionario asesinado por ETA.

Además, en agosto otro sabotaje provocó el caos en este bloque de viviendas. Un artefacto de gran potencia situado junto a la puerta del domicilio de un guardia civil destrozó el descansillo de esta casa.

La explosión se produjo sobre las 10:40 horas, cuando en la casa se encontraba el hijo del agente, ya que éste se había incorporado a su turno de trabajo en el cuartel de Sansomendi, situado a unos doscientos metros de esta vivienda.

Por otra parte, las amenazas de la banda a los funcionarios de prisiones continuaron tras el asesinato de Máximo Casado.

 

La información sobre dónde vivía Máximo Casado, la matrícula de su vehículo, la ubicación de su plaza de garaje e, incluso, la llave de acceso al aparcamiento, se la habían suministrado a ETA los chivatos de la banda Juan Carlos Subijana Izquierdo y Zigor Bravo Saez de Urabain, colaboradores necesarios en el asesinato

Trasladado a España en febrero de 2009, en marzo de 2010 la Audiencia Nacional lo condenó junto a Zigor Bravo a un total de 56 años de prisión por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado.

 

La condena resulta de sumar sendas penas de 25 años por un delito de asesinato terrorista y otros 3 años por daños.

 

Según argumentó la Fiscalía, Zigor Bravo era vecino de Máximo Casado y fue él el que suministro la información de los horarios del funcionario de prisiones, además de la llave de su garaje para que los terroristas pudieran colocar la bomba-lapa en los bajos de su vehículo.

 

Una de las principales pruebas esgrimidas por el tribunal es la declaración que Subijana efectuó ante la Guardia Civil en la que admitió que Bravo le proporcionó información sobre Casado que luego él trasladó a otros miembros de ETA todavía no juzgados.

 

Posteriormente, el etarra alegó que dichas declaraciones fueron realizadas bajo tortura, táctica habitual en los miembros de la banda.

 

Por su parte, Zigor Bravo fue detenido, inicialmente, en noviembre de 2001, cuando sólo había sobre él sospechas de su colaboración en el asesinato de Máximo.

En octubre de 2003, el entonces juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, procesó a Bravo junto a otros 15 presuntos miembros de los llamados "comandos de información" de ETA, básicamente chivatos de la peor calaña, por facilitar datos a la banda terrorista para la comisión de atentados, entre ellos los que les proporcionó un preso etarra sobre funcionarios de la cárcel de Nanclares de Oca (Álava).

Según el auto de procesamiento, Juan Carlos Subijana integraba desde 1997 uno de esos grupos de chivatos junto a José Ramón Acedo y Zigor Bravo, facilitando "en numerosas ocasiones" datos a la banda terrorista para la ejecución de atentados.

Subijana recibía de Enrique Celestino Uriarte, interno en la prisión de Nanclares de Oca, información sobre los funcionarios de este centro para atentar contra ellos y pedía a miembros de los grupos de chivatos que la comprobaran o recabaran más datos.

En agosto de 2006 Zigor Bravo fue detenido por segunda vez en Vitoria tras la aparición de nuevas pruebas que reforzaron las sospechas de su colaboración directa en el asesinato de Máximo Casado.

Fue precisamente Subijana quien, tras su detención en junio de 2004 en Francia por formar parte de los "taldes de reserva", implicó directamente en los hechos a Bravo.