ETA
ASESINA
Categoría: NO
DEBEMOS OLVIDAR
15 febrero 1980
43º ANIVERSARIO
ETA asesinaba en
Oyarzun-Guipúzcoa-PAÍS
VASCO-ESPAÑA, al
Taxista
IGNACIO AROCENA
ARBELÁIZ.
Ignacio tenía
posiciones ideológicas próximas a Alianza Popular y era amigo de Fernando Rodríguez
Espínola, guarda forestal de Icona, que compatibilizaba su trabajo
con colaboraciones con El Diario Vasco y La Voz de España.
Ignacio aceptó llevar al cliente hasta esa
zona, pero el cliente lo obligó a desviarse por un camino vecinal donde le
asesinaría.
Fueron los propios familiares los que,
alarmados al comprobar que la víctima no regresaba, avisaron de madrugada a la
Guardia Civil.
El taxi fue localizado a primera hora de
la mañana con Ignacio muerto en su interior.
Tenía dos impactos de bala en la cabeza.
Por el asesinato de Ignacio fueron
condenados, en 1988, dos miembros del grupo Arizta de ETA:
José Javier Arnaiz Echevarría
Pedro
Aira Alonso.
Desde que iniciamos
este blog homenaje a
las víctimas mortales de ETA, hemos reseñado ya varios casos en los
que la banda asesina ha justificado los asesinatos de estas personas bajo
la acusación,siempre sin pruebas, de que esas personas eran confidentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este tipo de
acusaciones en las que ETA se erigía en juez y verdugo no eran
casuales, sino que obedecían a una estrategia perfectamente diseñada por la
banda que perseguía objetivos concretos.
Lanzar sombras de
sospecha sobre una persona era muy fácil y no había necesidad de probarlo: ese
es confidente y hay que ejecutarlo.
Así de fácil y así de
siniestro.
Por ello merece la pena que analicemos
brevemente este fenómeno de los supuestos confidentes, porque esas víctimas y
sus familias fueron objeto de auténticas campañas difamatorias que se sumaban
al "algo habrán hecho" con el que se mancillaba el nombre de tantas
víctimas de la banda asesina durante los años de plomo, aunque también
posteriormente. A la muerte física, sumaban la muerte civil, el desprestigio
dentro de la sociedad vasca y, consecuentemente, el aislamiento social.
Florencio Domínguez,
uno de los principales investigadores sobre el terrorismo etarra en este país,
en su obra ETA: estrategia organizativa y actuaciones
1978-1992 (págs. 238-245) ha analizado con minuciosidad
esta auténtica persecución a un sector muy determinado de la sociedad
vasca.
Bajo la acusación de
ser confidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han
cometido cerca de un centenar de atentados que han llevado al asesinato de
más de 70 personas a manos de la banda terrorista.
La primera campaña de
ataques contra personas acusadas de colaborar con la policía se inició en 1971,
pero hasta 1975 no se produjo el primer asesinato basado en esa
acusación: el 7 de julio es acribillado a tiros Carlos Arguimberri
Elorriaga, conductor de autobús y exalcalde de Icíar.
Tras este atentado, la banda asesina
afirmó que "los chivatos representan en Euskadi Sur una verdadera
organización de información".
Y añadía: "a diferencia de los
miembros de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía
(naturales en su casi totalidad de otros pueblos del Estado) los chivatos son
en gran parte nacidos en Euskadi Sur.
Su conocimiento de los movimientos obreros
y populares vascos les convierte en los ojos y oídos del aparato de
represión".
Argumento que el propio Florencio
Domínguez demuestra como radicalmente falso, pues de sus investigaciones
concluye que un 64,6% del casi centenar de personas que sufrieron ataques por
este motivo habían nacido fuera del País Vasco.
La campaña de atentados
continuó hasta 1985. Posteriormente, añade Florencio Domínguez que
"solamente en 1991 se volvió a registrar un asesinato por esta
motivación".
Otros datos interesantes los arroja el
análisis de la ocupación laboral de estas personas, pues casi un 71%
desempeñaban trabajos que les obligaba a estar en contacto con el público en
general: comerciantes, propietarios de bar o camareros, taxistas, empleados o
propietarios de talleres mecánicos...
Personas que suscitan sospechas "en
el mundo cerrado y receloso que sirve de sustrato social a ETA".
Para ilustrar
"el proceso de formación de las sospechas sobre los confidentes
en el seno de la comunidad nacionalista", Domínguez trae el testimonio
de Marianne Heiberg, autora de La formación de la nación vasca, y que
vivió en Elgeta, una pequeña localidad vasca de 1.200 habitantes, entre febrero
de 1975 y septiembre de 1976.
La investigadora
alemana señala que "los vascos del pueblo creían firmemente que en Elgeta
vivían muchos informadores de la policía –chivatos-.
Durante mi estancia
allí confeccionaron dos listas de informadores locales.
En una de ellas se
nombraba a 33 personas de las que 28 eran inmigrantes y 5 vascos.
Se sobreentendía que, a
su debido tiempo, ETA se ocuparía de estas personas".
Eran "personas
que, de una manera u otra, quebrantaban las normas del lugar, revelándose con
ello como antivascos".
Y concluye
Heiberg: "El paralelismo entre las acusaciones de ‘chivatazo’ y las
acusaciones de brujería de otras partes del mundo era realmente
sorprendente".
Volviendo al análisis de Florencio
Domínguez, es importante reseñar "que ETA ha extendido la acusación de
confidentes a todas las personas que ha asesinado por supuesto tráfico de
drogas, en un intento de vincular a la policía con esta actividad
delictiva".
El autor incluye como
un caso particular dentro de los asesinatos de supuestos confidentes "los
atentados contra miembros o ex miembros de ETA, que son vistos como
‘traidores’ por el grupo terrorista", numéricamente inferior, pues
contabiliza exactamente seis. Que hayamos reseñado ya, José Luis Oliva,
asesinado en 1981, y Miguel Solaun,
en 1984.
Por último, hay que
señalar que "la acusación de confidente ha servido para enmascarar lo
que en Irlanda del Norte se califica de ‘asesinato sectario’, la muerte de un
miembro de una confesión religiosa distinta por el mero hecho de serlo".
En el caso del País
Vasco, en lugar de ser por causa religiosa, las víctimas elegidas lo son por no
ser nacionalistas.
En muchos de esos
asesinatos sectarios ETA ha utilizado, una vez más, la cortina de humo de que
eran confidentes.
ETA se plantea
expresamente el asesinato de "enemigos políticos" en un Zutabe de
finales de 1979, aunque anteriormente ya puso en marcha la campaña contra
alcaldes franquistas, ex alcaldes y otros cargos públicos, que se mantuvo desde
1975, cuando se asesina al alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu,
y durante los cuatro años siguientes.
Las investigaciones de
Florencio Domínguez nos llevan a concluir que la banda terrorista utilizó la
acusación de confidente para llevar a cabo una suerte de limpieza
étnica de personas que, en su particular imaginario, rayano con la
esquizofrenia, podían ser calificadas de antivascas.
Esta esquizofrenia les
ha llevado a acusar de ser confidentes de la Guardia Civil a miembros del
propio cuerpo, como a Félix de Diego,
asesinado en 1979.
O a lanzar campañas
difamatorias sobre personas que eran molestas para sus fines, como ocurrió
con Pagazaurtundua,
sobre el que se extendió el rumor de que era un agente del CESID infiltrado que
informaba a la Guardia Civil.
Todo vale para justificar los asesinatos y
para ilustrar el supuesto carácter antivasco de las víctimas.
Pero, además, esta siniestra estrategia de ETA consiguió otros objetivos: disuadir a la población de colaborar con las fuerzas de orden público, por un lado, y provocar el exilio de muchos vascos que, cansados de vivir en un ambiente tan opresivo e irrespirable, prefirieron rehacer sus vidas fuera de la comunidad autónoma vasca.
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