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NO OLVIDEMOS
A las 12:00 del
19 junio 1979
47º ANIVERSARIO
ETA
asesinaba a tiros en Irún-Guipúzcoa-PAÍS
VASCO-ESPAÑA al
anticuario chileno
HÉCTOR ABRAHAM MUÑOZ
ESPINOZA
Que vivía en esta localidad guipuzcoana desde
hacía ocho años.
Héctor fue abatido a tiros por
2 terroristas cuando se encontraba sentado en una butaca en el interior de una
de las dos tiendas de antigüedades que había instalado en la localidad.
Herido de muerte, la víctima
trató de refugiarse detrás de un escritorio, donde fue rematado por los
agresores.
La Policía encontró más tarde
en el lugar del suceso cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca
FN.
Tres de las balas habían
alcanzado a la víctima en la cabeza, el corazón y el cuello.
Los asesinos huyeron
rápidamente en un vehículo aparcado en las proximidades y en el que esperaba al
volante un 3 terrorista.
19 junio 1980
46º aniversario
ETA
acababa a tiros en Amorebieta (Vizcaya) con la vida de
empleado del Ayuntamiento de Amorebieta
JOSÉ PABLO GARCÍA
LORENZO
En torno
a las 8:00 horas José Pablo salía de su domicilio, situado en las afueras de
dicha localidad, para dirigirse a su vehículo.
Llevaba
las manos ocupadas con una carpeta, un libro y las llaves del coche, cuando 2
etarras se le acercaron y le dispararon cuatro tiros a bocajarro.
Los
autores de los disparos huyeron a bordo de un automóvil R-12 que había sido robado
a mano armada en las inmediaciones de Amorebieta una hora antes.
El
propietario del coche había sido maniatado y abandonado en el monte Bizcargui,
cercano a Amorebieta.
La mujer de José Pablo, que
estaba de baja por maternidad, se precipitó a la calle al oír los disparos.
Allí se encontró el cuerpo sin
vida de su marido, que había fallecido en el acto tras recibir tres disparos en
la cabeza y uno en el pecho.
A las
16:08 del
19 junio 1987
39º aniversario
Hizo explosión un Ford Sierra en el segundo sótano
del Hipercor de la
avenida Meridiana de Barcelona-CATALUÑA-ESPAÑA, cargado con amonal y líquido
inflamable.
El coche-bomba se activó mediante un temporizador programado
por los asesinos de la banda terrorista ETA
Domingo Troitiño
Arranz
Josefa Mercedes
Ernaga Esnoz
Rafael Caride Simón
El
artefacto explosivo estaba compuesto por 27 kilos de amonal y 200 litros de líquidos incendiarios, además
de pegamento y escamas de jabón.
Esto
hizo que los productos incendiarios se adhirieran a los cuerpos y se originase
una gran cantidad de gases tóxicos,
que ocasionó la asfixia de las personas que se encontraban en su radio de
acción.
La
utilización de líquido inflamable, tipo napalm, que se usa preferentemente
contra personas, no tenía
precedentes en la banda terrorista.
Varias
personas resultaron "atrozmente quemadas y mutiladas, sin posibilidad
alguna de escapar ante la oscuridad producida por el humo negro y los materiales incendiarios adheridos a su cuerpo (...)
sin posibilidad alguna de desprenderse de ellos ni apagarlos, ya que su
autocombustión se ocasionó sin necesidad de utilizar el oxígeno ambiente",
tal y como recoge la sentencia 49/1989 de la Audiencia Nacional.
Fue una
auténtica masacre, con 21
víctimas mortales ( 4 de ellas niños) y 46 personas heridas, 5 de ellas con pérdida de miembro principal, y diecisiete con lesiones de deformidad y pérdida de miembro no principal.
La
barbarie criminal de la banda acabó con la vida de trabajadores y clientes del
centro comercial.
El coche
utilizado por los terroristas había sido robado en San Sebastián hacía cuatro
meses, el 16 de febrero anterior, por el grupo de manguis de la banda, que se dedicaba precisamente a eso:
a mangar vehículos
para luego entregarlos a los etarras que perpetraban materialmente los
atentados.
Cuando
se produjo la explosión no era un
momento de gran afluencia de público, pero el número de clientes
que ocupaba las cuatro plantas del establecimiento (planta baja y tres sótanos)
era considerable, ya que los viernes es un día habitual de compra.
La
avenida Meridiana registraba en ese momento un tráfico intenso.
Frente a
la puerta de acceso al aparcamiento, situada en uno de los laterales del
edificio, un grupo de padres
aguardaba la salida de los niños de un colegio. "La puerta del
garaje saltó despedida, pero sin alcanzar a nadie", explicó uno de ellos.
La
explosión provocó un gran agujero en el techo del segundo sótano, por lo que la
onda expansiva afectó también directamente al contiguo, una planta convertida
en supermercado de alimentación.
Al
estallido, que destrozó totalmente el coche-bomba, le siguió un violento incendio.
Las
llamas afectaron directamente a otros veinte vehículos aparcados en el sótano,
mientras la onda expansiva causó importantes daños a veinte automóviles más.
Las
instalaciones de conducción eléctrica y de agua también quedaron inutilizadas.
Esa
falta de fluido eléctrico -unida al fallo de las luces de seguridad- y la
inundación que se produjo dificultaron las tareas de rescate.
Tras el
fuerte impacto, empezaron a salir personas del edificio, y entre ellas algunos
primeros heridos. "Salían corriendo, muchos de ellos ensangrentados, y los
que procedían del sótano, además de las quemaduras, llamaban la atención porque se les había abrasado instantáneamente el
cabello"
En
aquellos momentos se desconocía la
magnitud de la tragedia.
El
espeso humo causado por la explosión, la oscuridad y el fuerte calor, se
convirtieron en los principales obstáculos para el acceso de los servicios de
rescate a la planta directamente afectada.
A medida
que los bomberos, provistos de equipos autónomos de respiración, avanzaban
hacia el interior, el alcance del
desastre se fue desvelando.
Los
equipos de rescate consiguieron llegar al lugar de la explosión, en el segundo
sótano, en torno a las 17:15 horas, una hora después de la explosión.
Casi
todos los rescatados que
aparecieron a partir de ese instante ya habían fallecido.
La
brutal explosión provocó el fallecimiento en el acto de 15 personas:
MILAGROS
AMEZ FRANCO, dependienta de 43 años
MARÍA
DEL CARMEN MÁRMOL CUBILLO, de 36 años, y sus dos hijas
SONIA
SUSANA
CABRERIZO MÁRMOL, de 15 y 13 años respectivamente
El matrimonio formado por
MARÍA
TERESA DAZA CECILIA, embarazada
RAFAEL
MORALES OCAÑA, de 33 años, que dejaron un hijo de 7 años huérfano de
padre y madre
MARÍA
EMILIA EYRÉ DIÉGUEZ DE TEMES, ama de casa de 44 años
MERCEDES
MANZANARES SERVITJÁ, de 30 años
Sus sobrinos
SILVIA
JORDI VICENTE MANZANARES, de 13 y 9
años
MATILDE
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, de 35 años y soltera
LUISA
RAMÍREZ CALANDA, de 41 años, casada y con dos hijos
El empleado de Hipercor
LUIS
ENRIQUE SALTÓ VIÑUELAS, de 22 años
JOSÉ
VALERO SÁNCHEZ
y el
arquitecto
XAVIER
VALLS BAUZA, de 41 años.
Otras 6
víctimas sobrevivieron unos días al atentado, sufriendo una agonía terrible,
pues la mayoría tenía quemaduras severas en más del 80% de su cuerpo.
Son
Felipe
Caparrós Ubierna, de 44 años
Consuelo
Ortega Pérez, de 67 años
que
fallecieron dos días después
del atentado, el 21 de junio;
Mercedes Moreno Moreno, de 36 años, que falleció el 23 de
junio, cuatro días después;
María Rosa Valldellou Mestre, de 57 años, que falleció el 8 de
julio
Bárbara Serret Cervantes, el 16 de julio
María Paz Diéguez Fernández, de 57 años, que falleció el 3 de
agosto, convirtiéndose en la vigésimo primera víctima mortal de la masacre.
En
cuanto a los heridos que
consiguieron sobrevivir, muchos de ellos sufrieron graves secuelas por
quemaduras, antiestéticas cicatrices hipertróficas en cara y diversas partes
del cuerpo, hipertrofias y rigidez articular en extremidades, pérdidas de
miembros y problemas acústicos irreversibles.
El listado de heridos
recogido en la sentencia es
el siguiente:
Concepción
Aguilar Juvé, José Manuel Alfonso García, Ramón Aragonés Puig, Encarnación
Arpall Carbonell, Ana Barroso Luque, Gabriel Bassolt Baiget, Mª del Carmen
Candalijas Cavanillas, Agustina Cavanillas Suárez, Mª de los Dolores Closas
Viladrich, Jordi Comas Cánoves, José Francisco Domínguez Rodríguez, Asunción
Espinosa Martínez, Alberto Farrús Rameil, Mª Luisa Fernández Neira, Agustina
Fita Corominas, Martín Franco Vallestín, Carmen Frías Díaz, Mª Hortensia Gago
López, Rodrigo Galicia Álvarez, Carmen Gancedo Fernández, Susana González
Sánchez, Mª del Rosario Grao Moscoso, Alberto Izquierdo Cortés, Jaime Juan
Suriol, Juan Manuel López Tello, Roberto Manrique Ripoll, Rosario Mila Gallart,
Elena Navarro Cabrera, Beatriz Omandam Balacy, Gloria Ortega Pérez, Monserrat
Ortega Silva, Javier Palmero Colinas, Marta Planas Cuadrat, Luis Antonio
Risueño Mateo, Pilar Rodríguez Catoria, Oscar Romero Viejo, Manuela de la Rosa
Rodríguez, Mª de las Mercedes Silva García, Mª Adelina Somoza Rodríguez, Julia
Tapia Aguilera, Jaime Tobeñas Perosanz, Juan Utrilla Molina, José Vargas
Rincón, Josefa Viejo Báñez, Mª del Carmen Villaronga Porto, y la menor Jéssica
López Rodríguez, que nació con posterioridad al hecho y que, como resultado del
atentado que sufrió su madre embarazada, padece sordera severa bilateral
congénita, susceptible de rehabilitación sólo parcial mediante prótesis
auditiva.
Jéssica López Rodríguez es hija
de Milagros Rodríguez, que tenía 27 años en el momento del atentado y trabajaba
como cajera de Hipercor. El día del atentado se llevó instintivamente la mano
al vientre para proteger al bebé que crecía dentro de ella.
En enero
de 1988 dio a luz a una niña aparentemente sana.
Cuando
Jéssica tenía trece meses, un otorrino le confirmó a Milagros lo que no quería
saber: "Su hija es
sordomuda".
Desde
entonces, su vida ha sido una lucha constante y un periplo de especialista en
especialista.
A fuerza
de logopedas y audífonos, Jéssica ha logrado emitir algunos sonidos.
Tal y como se recoge en la sentencia 49/1989 de la Audiencia
Nacional, los etarras
Domingo Troitiño
Arranz
Josefa Mercedes
Ernaga Esnoz
Rafael Caride Simón
Habían recibido órdenes de la cúpula de la banda de atentar
contra empresas de capital francés o mixto hispano-francés.
Como relata Florencio Domínguez en su libro ETA en Cataluña.
De Terra Lliure a Carod-Rovira (Temas de Hoy, 2005), la idea de atentar contra el
Hipercor de Barcelona fue de Rafael Caride "creyendo que se trataba de una firma
francesa".
Durante la planificación, los etarras llegaron a la
conclusión de que era
un objetivo fácil, puesto que se trataba de un
edificio civil sin ningún tipo de protección especial.
Además, querían causar el mayor daño posible.
Por ello decidieron programar el coche-bomba en pleno horario
comercial.
El mismo
autor, en un artículo publicado en La
Vanguardia (17/06/2007) con motivo del 20º aniversario del
atentado, escribió: "El Comando Barcelona se había convertido en aquellos
meses en el buque insignia de ETA, porque el Madrid, encabezado por Iñaki de
Juana Chaos, había sido desarticulado en enero.
La estrategia etarra consistía en perpetrar el mayor número
posible de atentados y con el máximo impacto para fortalecerse de cara a las
negociaciones que se estaban gestando en Argel.
La famosa ‘acumulación de fuerzas’.
Por eso, el año 1987, con cincuenta y dos asesinatos, es el
cuarto con más víctimas en la historia de ETA, solo superado por los del
trienio 1978-1980".
Cuando se produjo el atentado de Hipercor, el grupo Barcelona
de ETA estaba acorralado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo
que no evitó que cometiera la masacre. Su desarticulación se produjo en
septiembre de ese mismo año.
En 1989 fueron condenados a penas que sumaban más de 1.600 años para cada uno los etarras
Domingo Troitiño
Arranz
Josefa Mercedes
Ernaga Esnoz.
El total de la condena era el resultado de sumar 30 años por
cada uno de los veintiún asesinatos y por ser autores de cinco delitos de lesiones con pérdida
de miembro principal.
También recibieron condenas por diecisiete delitos de
lesiones con deformidad, pérdida de miembro no principal o necesidad de
asistencia facultativa de más de noventa días.
Todo ello con el agravante de utilización de explosivos y
premeditación.
En 2003 fueron condenados a 790 años cada uno
Santiago Arróspide
Sarasola (por ordenar el atentado)
Rafael Caride Simón
(por ejecutarlo)
Penas que fueron
confirmadas en 2004 por el Tribunal Supremo.
En 1992,
ocho heridos de gravedad y cinco familiares de víctimas mortales presentaron
una demanda ante la sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en la que
reclamaban al Ministerio del Interior una indemnización total de 300 millones
de pesetas.
En julio
de 1997 la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
estableció, pese a considerar a los terroristas responsables directos del
atentado, "la responsabilidad
de la Administración del Estado en el resultado final por la
pasividad o conducta omisiva de las Fuerzas de Seguridad y Policía en estos
hechos", por no haber desalojado los almacenes tras las llamadas de los
etarras.
El
TS condenó finalmente al Estado
como responsable civil subsidiario.
El
equívoco mensaje, absolutamente genérico e impreciso, que los etarras
transmitieron a las 15:00 horas, avisando de la explosión a las 15:30, tuvo
consecuencias dramáticas. De hecho, la Jefatura Superior de Policía emitió, al
día siguiente del atentado, un comunicado en el que responsabilizaba a la dirección de Hipercor de
no haber desalojado el centro. La nota oficial explicaba que hubo tres avisos de la colocación de un artefacto (uno a
la Guardia Urbana de Barcelona, otro al diario Avui y otro a la propia centralita de Hipercor), que explosionaría, según el comunicante, a las
15:30 horas.
La
Policía requirió un minuto después a la dirección del centro comercial a que
procediera a desalojar el hipermercado, mientras se efectuaba la inspección
ocular.
El
director del centro indicó, según el comunicado, "que la empresa ya había
montado el dispositivo de seguridad con su propio personal y que, dadas las
dimensiones del edificio y el hecho de que había pasado la hora anunciada para la explosión, no
consideraba necesaria la evacuación".
En
relación a este tema hay que hacer algunas precisiones.
El dato
de la hora fue crucial para que se pensase que era una falsa alarma, pero
especialmente porque, como publicó La
Vanguardia, diariamente se recibían en Barcelona una veintena de avisos
de bomba.
Lo
tremendo de este caso es que no sólo hubo imprecisión en la hora de la
explosión, sino que los asesinos de ETA no avisaron de que había un coche-bomba, sino que simplemente dijeron que explotaría una bomba,
con lo que el rastreo se realizó para buscar un paquete con explosivo, y no se buscó expresamente un coche.
La
imprecisión del comunicante etarra, sin aportar ningún dato que permitiera
distinguirlo de la multitud de avisos falsos que se recibían por aquella época,
también contribuyó a que la catástrofe se consumara.
Además,
y esto es también un dato a tener en cuenta, en aquellas fechas El Corte Inglés
no estaba amenazado.
Sí había
habido amenazas contra hipermercados de capital francés y se habían producido
atentados contra ellos.
De
hecho, y como hemos señalado más arriba, los etarras creían, en una muestra
de la idiocia e ignorancia de la
que se nutre la banda terrorista ETA, que Hipercor era de capital
francés.
Tras la
sentencia de 1992, las otras treinta y tres víctimas iniciaron también demandas
similares contra el Estado.
Aún
siguen pleiteando con el Gobierno, que en 1995 se negó a "indemnizarles
como responsable civil subsidiario, al considerar que su petición llegó fuera
de plazo", según declaró a EFE con motivo del 20º aniversario del
atentado Roberto Manrique,
una de las víctimas del atentado de Hipercor.
A las 7:15 del
19 junio 1995
31º aniversario
ETA
hacía estallar un coche-bomba en Madrid-ESPAÑA, provocando la muerte al,
policía municipal
JESÚS REBOLLO GARCÍA
La
explosión se produjo mientras los policías efectuaban tareas de acordonamiento
y desalojo de la zona tras recibir un aviso de los asesinos. Este atentado de
ETA se produjo al cumplirse exactamente dos meses desde que la banda terrorista
intentara asesinar en Madrid al líder de la oposición, José María Aznar, atentado en el que
resultó herida gravemente Margarita González
Mansilla, fallecida tres meses más tarde, el 22 de julio. Otros dos
policías municipales, Francisco Javier Quintana y Agustín López Jiménez,
sufrieron heridas leves, así como un vigilante de seguridad, Mariano Santos
Duque,
una mujer que transitaba por la
zona, Carmen Rodríguez Díaz y un funcionario de la Policía Nacional, Francisco
Gil, que, al igual que Jesús Rebollo, se encontraba en el cordón de seguridad.
El vehículo utilizado, al que
le habían cambiado la matrícula, era un Opel Omega de color azul oscuro, que
había sido robado varios días antes en el madrileño barrio de Moratalaz. Los
etarras habían cargado el coche con cerca de 60 kilos de amosal y un bidón de
gasolina, según informó el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto
Belloch. A continuación miembros del grupo Madrid de ETA lo estacionaron en la
calle del Carmen, que es peatonal, aproximadamente tres cuartos de hora antes
de que lo hicieran estallar mediante un temporizador. Aunque no existían
barreras físicas que lo impidiesen, en esa calle estaba prohibido aparcar.
A las 6:50 horas de la mañana,
una persona que dijo hablar en nombre de la organización terrorista ETA,
comunicó por teléfono a la Policía Local, Cruz Roja, Bomberos y la cadena SER,
que un coche-bomba iba a estallar media hora después en la calle del Carmen.
Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional desalojaron en pocos
minutos la zona, donde a esa hora transitaban numerosos ciudadanos que se
dirigían al trabajo mientras otros esperaban el autobús.
Toda la zona fue cortada en un
diámetro de cien metros y rodeada por cintas de seguridad. Poco después, a las
7:15 horas, antes de que los artificieros se acercaran a inspeccionar el coche,
se produjo la explosión. Los terroristas habían colocado dos papeleras de hierro
fundido a ambos lados del vehículo, para que actuaran como metralla. Además, la
calle donde estalló el coche-bomba es muy estrecha, lo que provocó que la onda
expansiva tuviera un "efecto cañón".
El
agente Jesús Rebollo fue alcanzado
en la cabeza por un trozo de metralla, a pesar de que se encontraba a
más de ochenta metros de distancia del coche-bomba. El impacto le provocó un
traumatismo craneoencefálico severo. Fue atendido en un primer momento en una
ambulancia del SAMUR y, posteriormente, procedieron a trasladarlo al Hospital
Clínico, donde intentaron reanimarle. Antes, durante el traslado, el agente
estaba consciente y se interesó por el estado del resto de sus compañeros,
según fuentes policiales. Falleció una hora después.
La potente explosión afectó a
un total de veinticuatro inmuebles de la zona de Callao y de las calles Carmen
y Preciados. Especialmente afectados quedaron los edificios de Galerías
Preciados y la FNAC. En este último, de donde previamente habían sido
desalojados unos veinte trabajadores de la limpieza y de seguridad que se
encontraban en el interior, se produjo un pequeño incendio e importantes daños
materiales.
Los expertos de la lucha
antiterrorista consideraron que, dada la hora en que se produjo el atentado y
los confusos avisos que dieron previamente los etarras, algo no habitual, el
objetivo de los terroristas era asesinar a los policías. En concreto, según
fuentes de Interior, ETA pretendía "cazar" a miembros de los Tedax
(Técnicos en Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional) que acudieran
a acordonar la zona y desactivar la carga explosiva.
El titular del juzgado central
de instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, y el fiscal
de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, se desplazaron al lugar del
atentado alrededor de las diez de la mañana. Por su parte, la delegada del
Gobierno en Madrid, Pilar Lledó, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que
colaborasen en la identificación y búsqueda de los autores del atentado.
Minutos después de que se produjera el atentado, efectivos de la Policía
Nacional formaron varios controles alrededor del centro de la capital para
intentar localizar a los responsables, siguiendo las directrices fijadas unos
meses antes por el Ministerio de Justicia e Interior para casos de atentado.
19 junio 2009
17º ANIVERSARIO
ETA
asesina en Arrigorriaga-Vizcaya-país
vasco-españa, al
inspector de la Policía Nacional
EDUARDO ANTONIO
PUELLES GARCÍA.
Los
etarras colocaron una bomba-lapa, con unos dos kilos de explosivo, adosada al depósito de su vehículo.
Puelles García fue la primera y única víctima mortal de la banda terrorista en
el País Vasco desde que el socialista Patxi López se convirtió en lehendakari
en mayo de ese año gracias al apoyo del PP.
El inspector Eduardo Puelles
fue asesinado cuando se dirigía a su puesto de trabajo.
Eran aproximadamente las 9:05
de la mañana cuando al introducirse en el vehículo hizo explosión la
bomba-lapa.
Un testigo presencial relató
que Eduardo tuvo aún tiempo de pedir socorro, pero que nadie pudo dárselo por
la intensidad de las llamas del incendio que siguió a la explosión.
Dos días
después del asesinato, se celebró una manifestación que recorrió las calles de
Bilbao.
Al final
de la misma, la viuda de Eduardo,
Francisca Hernández, tomó la palabra para decir que la banda terrorista
ETA lo único que ha conseguido "es dejar dos huérfanos y una viuda, no van
a conseguir nada más porque gracias a Dios hay mucha gente como mi marido y no
van a poder con ellos, cada día van a salir más y más".
Después
les llamó "asesinos" y exigió a los familiares de los etarras que
fueran "pidiendo dinero" para visitarlos en las cárceles porque
"no son presos políticos, no, es mentira, son asesinos".
La
intervención de la viuda de Puelles
fue muy criticada por los nacionalistas. Un miembro de la Ejecutiva del
PNV dijo que "no se puede dejar el discurso a la viuda (...) La mujer lo
mezcló todo. Hizo referencias muy duras a las familias de los presos. Supongo
que estaría sedada a tope. Eso lo tienen que cuidar. Es mejor que las viudas no hablen"
(El País, 22/06/2009).
El 1 de
marzo de 2011, se detuvo en Vizcaya a cuatro miembros de la banda terrorista
ETA.
Las
Fuerzas de Seguridad creen que tres de ellos son los autores del asesinato de
Eduardo Puelles. Concretamente, participaron presuntamente en el
asesinato Daniel Pastor
Alonso y la pareja formada por Iñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria Caballero. A la cuarta arrestada, Lorena López Díez, no se la ha
vinculado con el asesinato del inspector de Policía. En el momento de la
detención la Guardia Civil ya sospechaba de su participación en el asesinato de
Puelles, sospechas que se vieron posteriormente confirmadas tras el examen de
la documentación incautada.
