Categoría: NO OLVIDEMOS
ASESINADO
POR ETA
15 de febrero de 1980
46º ANIVERSARIO
ETA asesinaba en Oyarzun-Guipúzcoa-PAÍS VASCO-ESPAÑA, al
Taxista
IGNACIO AROCENA ARBELÁIZ.
Ignacio tenía posiciones ideológicas próximas a
Alianza Popular y era amigo de Fernando Rodríguez
Espínola, guarda forestal de Icona, que
compatibilizaba su trabajo con colaboraciones con El Diario
Vasco y La Voz de España.
Ignacio aceptó llevar al cliente hasta esa zona, pero el cliente
lo obligó a desviarse por un camino vecinal donde le asesinaría.
Fueron los propios familiares los que, alarmados al comprobar que
la víctima no regresaba, avisaron de madrugada a la Guardia Civil.
El taxi fue localizado a primera hora de la mañana con Ignacio
muerto en su interior.
Tenía dos impactos de bala en la cabeza.
Por el asesinato de Ignacio fueron condenados, en 1988, dos miembros
del grupo Arizta de ETA:
José Javier Arnaiz
Echevarría
Pedro Aira Alonso.
Desde que iniciamos este blog homenaje a
las víctimas mortales de ETA, hemos reseñado ya
varios casos en los que la banda asesina ha justificado los asesinatos de estas
personas bajo la acusación,siempre sin pruebas, de que esas personas eran
confidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este tipo de acusaciones en las que ETA se
erigía en juez y verdugo no eran casuales, sino que obedecían a una
estrategia perfectamente diseñada por la banda que perseguía objetivos
concretos.
Lanzar sombras de sospecha sobre una persona
era muy fácil y no había necesidad de probarlo: ese es confidente y hay que
ejecutarlo.
Así de fácil y así de siniestro.
Por ello merece la pena que analicemos brevemente este fenómeno de
los supuestos confidentes, porque esas víctimas y sus familias fueron objeto de
auténticas campañas difamatorias que se sumaban al "algo habrán
hecho" con el que se mancillaba el nombre de tantas víctimas de la banda
asesina durante los años de plomo, aunque también posteriormente. A la muerte
física, sumaban la muerte civil, el desprestigio dentro de la sociedad vasca y,
consecuentemente, el aislamiento social.
Florencio Domínguez, uno de los principales
investigadores sobre el terrorismo etarra en este país, en su obra ETA:
estrategia organizativa y actuaciones 1978-1992 (págs. 238-245) ha
analizado con minuciosidad esta auténtica persecución a un sector muy
determinado de la sociedad vasca.
Bajo la acusación de ser confidentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han cometido cerca de un centenar
de atentados que han llevado al asesinato de más de 70 personas a
manos de la banda terrorista.
La primera campaña de ataques contra personas
acusadas de colaborar con la policía se inició en 1971, pero hasta 1975 no
se produjo el primer asesinato basado en esa acusación: el 7 de julio es
acribillado a tiros Carlos Arguimberri
Elorriaga, conductor de autobús y exalcalde de
Icíar.
Tras este atentado, la banda asesina afirmó que "los chivatos
representan en Euskadi Sur una verdadera organización de información".
Y añadía: "a diferencia de los miembros de la Guardia Civil,
Policía Armada y Cuerpo General de Policía (naturales en su casi totalidad de
otros pueblos del Estado) los chivatos son en gran parte nacidos en Euskadi
Sur.
Su conocimiento de los movimientos obreros y populares vascos les
convierte en los ojos y oídos del aparato de represión".
Argumento que el propio Florencio Domínguez demuestra como radicalmente
falso, pues de sus investigaciones concluye que un 64,6% del casi centenar de
personas que sufrieron ataques por este motivo habían nacido fuera del País
Vasco.
La campaña de atentados continuó hasta 1985.
Posteriormente, añade Florencio Domínguez que "solamente en 1991 se volvió
a registrar un asesinato por esta motivación".
Otros datos interesantes los arroja el análisis de
la ocupación laboral de estas personas, pues casi un 71% desempeñaban
trabajos que les obligaba a estar en contacto con el público en general:
comerciantes, propietarios de bar o camareros, taxistas, empleados o
propietarios de talleres mecánicos...
Personas que suscitan sospechas "en el mundo cerrado y
receloso que sirve de sustrato social a ETA".
Para ilustrar "el proceso de formación
de las sospechas sobre los confidentes en el seno de la comunidad
nacionalista", Domínguez trae el testimonio de Marianne Heiberg,
autora de La formación de la nación vasca, y que vivió en Elgeta, una
pequeña localidad vasca de 1.200 habitantes, entre febrero de 1975 y septiembre
de 1976.
La investigadora alemana señala que "los
vascos del pueblo creían firmemente que en Elgeta vivían muchos informadores de
la policía –chivatos-.
Durante mi estancia allí confeccionaron dos
listas de informadores locales.
En una de ellas se nombraba a 33 personas de
las que 28 eran inmigrantes y 5 vascos.
Se sobreentendía que, a su debido tiempo, ETA
se ocuparía de estas personas".
Eran "personas que, de una manera u otra,
quebrantaban las normas del lugar, revelándose con ello como antivascos".
Y concluye Heiberg: "El paralelismo
entre las acusaciones de ‘chivatazo’ y las acusaciones de brujería de otras
partes del mundo era realmente sorprendente".
Volviendo al análisis de Florencio Domínguez, es importante reseñar
"que ETA ha extendido la acusación de confidentes a todas las personas que
ha asesinado por supuesto tráfico de drogas, en un intento de vincular a
la policía con esta actividad delictiva".
El autor incluye como un caso particular dentro
de los asesinatos de supuestos confidentes "los atentados
contra miembros o ex miembros de ETA, que son vistos como ‘traidores’ por
el grupo terrorista", numéricamente inferior, pues contabiliza exactamente
seis. Que hayamos reseñado ya, José Luis Oliva,
asesinado en 1981, y Miguel Solaun, en
1984.
Por último, hay que señalar que "la
acusación de confidente ha servido para enmascarar lo que en Irlanda del
Norte se califica de ‘asesinato sectario’, la muerte de un miembro de una
confesión religiosa distinta por el mero hecho de serlo".
En el caso del País Vasco, en lugar de ser por
causa religiosa, las víctimas elegidas lo son por no ser nacionalistas.
En muchos de esos asesinatos sectarios ETA ha
utilizado, una vez más, la cortina de humo de que eran confidentes.
ETA se plantea expresamente el asesinato de
"enemigos políticos" en un Zutabe de finales de 1979, aunque
anteriormente ya puso en marcha la campaña contra alcaldes franquistas, ex
alcaldes y otros cargos públicos, que se mantuvo desde 1975, cuando se asesina
al alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu, y
durante los cuatro años siguientes.
Las investigaciones de Florencio Domínguez nos
llevan a concluir que la banda terrorista utilizó la acusación de confidente
para llevar a cabo una suerte de limpieza étnica de personas que, en
su particular imaginario, rayano con la esquizofrenia, podían ser calificadas
de antivascas.
Esta esquizofrenia les ha llevado a acusar de
ser confidentes de la Guardia Civil a miembros del propio cuerpo, como a Félix de Diego, asesinado
en 1979.
O a lanzar campañas difamatorias sobre personas
que eran molestas para sus fines, como ocurrió con Pagazaurtundua,
sobre el que se extendió el rumor de que era un agente del CESID infiltrado que
informaba a la Guardia Civil.
Todo vale para justificar los asesinatos y para ilustrar
el supuesto carácter antivasco de las víctimas.
Pero, además, esta siniestra estrategia de ETA consiguió otros
objetivos: disuadir a la población de colaborar con las fuerzas de
orden público, por un lado, y provocar el exilio de muchos
vascos que, cansados de vivir en un ambiente tan opresivo e irrespirable,
prefirieron rehacer sus vidas fuera de la comunidad autónoma vasca.
