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OLVIDEMOS
1
junio 1986
40º ANIVERSARIO
Muere a
manos de ETA en su domicilio de San Sebastián-PAÍS VASCO-ESPAÑA
ABOGADO
JUAN CABALLERO PORRAL
El acoso de la banda terrorista contra la
familia Caballero se inició años antes.
Un hijo de Caballero Porral, el también
abogado Francisco
Javier Caballero Dotres, tuvo que abandonar el País Vasco en
octubre de 1982 al sufrir un intento de atentado.
Previamente se había resistido al chantaje
económico llamado "impuesto revolucionario", negándose a pagar lo que
le exigía la banda.
Los miembros de la familia decidieron que si alguno de
ellos llegaba a ser secuestrado por la banda no se pagaría rescate alguno
"para no alimentar las arcas de los terroristas".
Cuando se tuvo que marchar fuera del País Vasco,
Francisco Javier Caballero acudió a un notario para dejar constancia de las
razones que le obligaban a abandonar su tierra.
En 2003, el testimonio de este abogado fue uno
de los que se aportó al sumario sobre la limpieza étnica en el País Vasco
abierto por el juez Baltasar Garzón a instancias de la AVT.
Francisco Javier Caballero ha señalado a Libertad
Digital que "a los españoles que hemos
abandonado el País Vasco nos han robado el alma".
El cadáver de Juan Caballero Porral fue encontrado
a media mañana del domingo 1 de junio en el dormitorio de su domicilio por la
enfermera que le atendía periódicamente.
Estaba vestido con un pijama y tenía las manos
fuertemente esposadas con unas cadenas de bicicleta.
Al parecer la banda terrorista ETA pretendía
secuestrar a uno de los dos hijos de Juan Caballero, Ignacio
María Caballero Dotres.
Para ello se habían hecho con las llaves de la
puerta de entrada al despacho de abogados de Juan, con las que podrían acceder
al domicilio, toda vez que ambos inmuebles estaban comunicados por una escalera
de acceso interior.
Sin embargo, la ausencia de Ignacio, que estaba
fuera de San Sebastián ese día, trastocó los planes de ETA.
Los terroristas sorprendieron a Juan Caballero
en el cuarto de baño.
El abogado, de 84 años pero de complexión
fuerte, opuso resistencia, pero no pudo impedir que lo amarrasen fuertemente
con una cadena.
Juan ofreció tanta resistencia que dobló el
candado que cerraba la cadena.
La víctima, que llevaba un marcapasos, falleció
probablemente durante el forcejeo con los secuestradores.
Posteriormente, estos le colocaron encima de la
cama e intentaron quitarle las cadenas, pero el candado doblado lo impidió.
La banda asesina ETA no reivindicó el atentado,
como había ocurrido tantas veces antes.
Además, y como hemos señalado, el entorno
proetarra difundió rumores para mancillar a la familia de la víctima.
Sin embargo, Javier Caballero ha dedicado parte
de su vida a demostrar que su padre murió víctima de la banda terrorista.
Una semana después del crimen, Rafael Pastor
Ridruejo, marido de una prima carnal de los hijos de Juan Caballero, y por
entonces director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, llamó a Javier
para decirle que en el informe semanal del CESID, del que se hacen ocho copias,
en el balance de la actividad terrorista figuraba el asesinato de Juan
Caballero a manos de ETA.
Por otra parte, y según la nota informativa de
la Brigada de Información de la Comisaría de Policía de San Sebastián
"(...) Nada más descubiertas las cadenas, así como el hecho de que el
finado tenía las manos atadas con una, fue comunicado tal hecho a la Brigada
Provincial de Información, y en concreto al Grupo I, dirigiéndose varios
funcionarios adscritos a la misma, al lugar del suceso, toda vez que ciertas
circunstancias que rodean los hechos permiten suponer y por ello no
descartar, la participación de la Organización Revolucionaria Socialista Vasca
de Revolución Nacional ETA, rama militar, en el hecho, habida
cuenta de que debido a la personalidad del finado, su profesión y
sus inclinaciones políticas, así como sus medios económicos,
permiten presupuestar que la víctima podía haber sido objeto de un intento de
secuestro.
Como puntilla a esta hipótesis es hecho
relevante a destacar la remisión de una carta en la que se solicitaba el pago
del 'impuesto revolucionario' a un miembro de la familia, y concretamente al
hijo del fallecido, llamado Javier Caballero Dotres, quien por dicha
circunstancia se vio abocado a trasladar su residencia de esta ciudad, a Alicante
(...) Que vista la metodología utilizada y el formato de las cadenas empleadas
en este caso, corresponden a los habitualmente empleados por la ya citada banda
armada en hechos similares (...)".
Además, y pese a que la Guardia Civil nunca hizo
investigación alguna durante la instrucción del sumario, la 513 Comandancia de
la Guardia Civil de Guipúzcoa, en su informe de 1 de octubre de 1986 remitido
al juzgado, señala que "teniendo en cuenta extremos como la metodología de
entrada, la ausencia de otras lesiones secundarias en el cadáver, así como la
no falta de ningún objeto de valor, que hacen descartar la atribución del mismo
a delincuentes comunes, haya sido cometido, posiblemente, por
individuos pertenecientes a la banda armada y terrorista ETA(M)".
En el diario ABC de 18 de septiembre de 1986 apareció una reseña
del ministro del Interior, José Barrionuevo,
reconociendo que "... como consecuencia de todos estos atentados han
muerto treinta y cuatro personas y ha sido la banda terrorista ETA la que se ha
atribuido su autoría en treinta y tres casos.
En el que queda se
trató, probablemente, según el ministro del Interior, de un intento de
secuestro por parte de ETA, que acabó con el fallecimiento de la víctima".
Pese a todo ello, la falta de
diligencia y el desinterés de los jueces y la fiscalía han
tenido como resultado que el crimen haya quedado impune.
Tras el intento de secuestro y fallecimiento de
Juan Caballero, se abrió el Sumario nº 7/1986 del Juzgado de Instrucción nº 3
de San Sebastián en el que compareció como abogado, ejerciendo la acusación
particular, su hijo Francisco Javier Caballero Dotres.
Dicho Juzgado, con independencia de unas
primeras declaraciones, no practicó prueba alguna,
obstaculizando junto al Ministerio Fiscal la averiguación de los autores del
crimen.
El sumario se extravió varias veces, los
escritos de prueba no se unían a los autos e, incluso, las pruebas se tuvieron
que solicitar por telegrama, pero nunca se practicaron, con lo cual el crimen
quedó impune por prescripción del delito.
Tras luchar muchos años, el 14 de noviembre de
2000 los hijos de Juan Caballero Porral consiguieron que se les hiciese cierta
justicia con el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de que su
padre había fallecido víctima de un atentado terrorista en San Sebastián.
En la misma resolución nº 2.260 se les reconoce
el derecho a ser indemnizados como víctimas del terrorismo.
A
las 8:40 horas del
1
junio 1994
32º ANIVERSARIO
ETA asesinaba en Madrid-ESPAÑA, al
general de Brigada del
Ejército de Tierra DE ESPAÑA
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ROVIRA
Minutos antes el militar había salido de su
domicilio, cerca de El Retiro, con su hija Lourdes, de 25 años.
Tras despedirse de ella, se dirigió a la calle
Ibiza donde le esperaba su chófer a bordo de un coche blindado para dirigirse a
su puesto de trabajo en el Ministerio de Defensa.
Cuando se disponía a subir al vehículo, un etarra
lo asaltó por la espalda y le disparó varios tiros con una pistola.
Una vez que el militar cayó al suelo, el pistolero
de ETA lo remató "con total tranquilidad" con dos disparos más, según
testigos presenciales.
Después disparó al conductor del vehículo oficial,
un joven que realizaba el Servicio Militar, pero las balas no le alcanzaron.
El pistolero de la banda terrorista actuó con
total impunidad mientras una etarra le cubría en la acción.
Ambos emprendieron la huida en un vehículo donde
les esperaba un tercer terrorista.
El vehículo utilizado por los terroristas para
huir fue abandonado cargado de explosivos en la calle Walia, frente a dos
guarderías.
Explotó a las 9:40 horas, media hora después de la
llamada de ETA avisando de su ubicación. Sólo dio tiempo de evacuar a los niños
del Centro de Educación Infantil, pero no a los cuarenta menores de seis años
de la guardería Miriam.
Ante la inminencia de la explosión, los niños
fueron trasladados a la parte trasera de la guardería, donde los profesores
simularon hacer una fiesta y les hicieron creer que la explosión era un cohete
de feria del Parque de El Retiro.
En
el año 2000 la Audiencia Nacional condenó a
Mikel
Azurmendi Peñagaricano a 52 años de reclusión por el asesinato de Juan José
Hernández.
Azurmendi fue quien condujo el coche empleado en
la comisión del atentado.
En 2003 fue absuelto el supuesto autor material
del asesinato
José Luis
Aguirre Lete.
Pese a que el Ministerio Fiscal había solicitado
una pena de 84 años de prisión por encontrarle autor de los disparos que
acabaron con la vida del militar, el tribunal consideró insuficientes las pruebas
aportadas.
La etarra que participó dando cobertura al autor
material no ha sido juzgada.
