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DEBEMOS OLVIDAR
Hacia las 22:15 del
1 julio 1991
31º ANIVERSARIO
Un paquete-bomba hacía explosión en la empresa
Express Cargo, en el polígono industrial de Villaverde-Madrid-ESPAÑA, causando la muerte en el acto a
Dos artificieros de la Policía Nacional:
Subinspector
PEDRO DOMÍNGUEZ PÉREZ
agente
LUIS CLARACO LÓPEZ
El paquete, con unos
siete kilos de explosivo, había sido enviado desde Valladolid a un alto cargo
del Ministerio de Justicia, que anteriormente había ocupado el
puesto de subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias.
El paquete llegó el
27 de junio al Ministerio y los servicios de seguridad no pudieron comprobar su
contenido por verse todo opaco a través del escáner.
Tenía unas dimensiones
de
Al rechazar el Ministerio el paquete, la empresa
Express Cargo lo depositó en un almacén situado en el barrio de Villaverde en
Madrid, donde permaneció catalogado como "incidencia".
Y así estuvo el envío hasta el 1 de julio,
cuando una llamada anónima avisó a la delegación de Express Cargo en Aranda de
Duero (Valladolid) de que en alguna de sus dependencias tenía que haber un
paquete-bomba.
La central de Express Cargo avisó a todas sus
delegaciones hasta que se detectó el paquete en el almacén de Villaverde.
Los Técnicos Especialistas en Desactivación de
Artefactos Explosivos (TEDAX) llegaron a la empresa sobre las seis de la tarde
y adoptaron
todo tipo de precauciones, según la Jefatura Superior de
Policía de Madrid.
Los funcionarios utilizaron un robot para
desplazar el paquete y los artificieros cebaron el bulto en dos ocasiones.
Los agentes tenían órdenes expresas de sus
superiores de "no arriesgar nada" en su
labor de desactivación.
Después de varias horas de trabajo, sobre las
22:15 horas, y cuando parecía que todo estaba controlado, el paquete hizo
explosión.
El artefacto tenía una
trampa consistente en un doble detonador y estalló cuando
los artificieros intentaban desactivarlo manualmente.
La explosión fue muy fuerte y la onda expansiva
derrumbó
En julio de 2010 se sentó en el banquillo
de la Audiencia Nacional el exjefe de ETA
José Luis Urrusolo Sistiaga por el asesinato
de los tres agentes del Tedax. Urrusolo Sistiaga, alias Joseba, fue
extraditado por Francia en 2001 para ser juzgado por dieciséis asesinatos y dos
secuestros entre otros delitos.
Durante el juicio, y a
preguntas de la defensa, el etarra señaló que había abandonado la organización
terrorista en 1994.
En septiembre de 2008
hizo pública una carta en la que, junto a la también etarra Carmen Guisasola,
se desvinculaba del Movimiento de Presos Vascos y criticaba la estrategia de
ETA y de Batasuna.
Según el escrito de
conclusiones provisionales del fiscal, antes del 25 de junio de 1991 Joseba averiguó
y anotó la dirección de la sede del Ministerio de Justicia en
la calle San Bernardo de Madrid número 21 con la finalidad de enviar un
paquete-bomba a cargos políticos o funcionarios destinados allí.
"En ejecución del plan concebido", añade el escrito, miembros no
identificados de la banda terrorista facturaron un paquete-bomba desde
la empresa de paquetería Express Cargo de Valladolid.
El fiscal consideró a
Urrusolo Sistiaga coautor de un delito de estragos terroristas, uno de atentado
contra funcionarios, uno de asesinato en grado de tentativa y dos de asesinato
terrorista.
El 28 de julio de 2010 Urrusolo Sistiaga fue
condenado a penas que suman 119 años de cárcel como cooperador
necesario en el atentado que costó la vida a los tres
policías.
Según se recoge en la sentencia, en una agenda que
se intervino en 1992 al ser desarticulado el grupo del que Urrusolo formaba
parte, se encontraron anotaciones con la dirección del Ministerio de
Justicia para que ETA lo enviara a una persona en ese
departamento.
También había anotaciones sobre empresas
de mensajería escritas por una etarra huida. Un hombre y una mujer no
identificados se encargaron de enviar desde Valladolid el
paquete cargado de explosivos.
Los jueces al dictar sentencia tuvieron en cuenta
que Urrusolo Sistiaga no negó haber escrito las notas de la agenda intervenida
por la Policía, y que un informe pericial realizado por expertos en grafología
de la Guardia Civil acreditó que el acusado era el autor de las anotaciones.
La sentencia señala que el plan del atentado, "concretado entre el acusado" y la otra etarra huida, "dio lugar a que personas de la organización ETA, utilizando la información por aquellos conseguida, montaran el explosivo, lo ocultaran en una caja y lo facturaran".
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