sábado, 10 de septiembre de 2022

10 SEPTIEMBRE

 



Categoría: NO DEBEMOS OLVIDAR

 

 

 

A las 17:45 del

 

10  septiembre  1986

 

36º aniversario

 

 

ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia-Guipúzcoa-país vasco-españa, a la exdirigente de la banda terrorista, 

 

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CATARAINYoyes,



 

En  presencia de su hijo de tres años, Akaitz.

 

Acababa de sentar al niño en uno de los tractores dispuestos con motivo de la feria que se celebraba en Ordicia, en el paseo del Gudari Etorbidea, cuando José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a cara descubierta, le disparó tres tiros, uno de los cuales le atravesó la sien.

 

Años después, en 1991, Kubati relató al juez que se acercó a María Dolores y le preguntó: "¿Tú eres Yoyes?".

 

Ella respondió afirmativamente y él, pistola en mano, le dijo: "¿Sabes quién soy yo? Soy de ETA y vengo a ejecutarte".

 

María Dolores se abalanzó sobre su asesino, que disparó rápidamente tres tiros, hiriéndola en el muslo y en el tórax.

 

Una vez que cayó al suelo, Kubati la remató con un disparo en la cabeza. Yoyes quedó tendida en el suelo sobre un gran charco de sangre.

 

Los terroristas huyeron en un Renault 5 robado momentos antes del atentado a unos doscientos metros del lugar donde asesinaron a Yoyes.

 

Dos etarras encañonaron al propietario, le obligaron a introducirse en el interior de su coche y colocaron el automóvil en la misma calle, a la altura en la que se encontraba la exdirigente de la banda.

 

Una vez cometido el atentado, el propietario del coche fue abandonado en la calle, mientras los asesinos huían en dirección a la estación de Beasain, donde fue encontrado posteriormente el vehículo.

 

El Ayuntamiento también convocó una manifestación para el día siguiente, 11 de septiembre, después del funeral.

 

Los concejales de Herri Batasuna explicaron su rechazo a la moción indicando que ellos lamentaban esta muerte, al igual que las del resto de las víctimas de la violencia, pero señalaban que no se podía valorar ese atentado sin tener en cuenta "el contexto de represión brutal que sufren los refugiados en Euskadi norte".

 

José Luis González Catarain, hermano de Yoyes y tercer concejal de HB en Ordicia, no asistió al pleno y señaló que no suscribía los planteamientos expuestos por su formación política en el mismo en los que responsabilizaba "al Ejército español y al PSOE" del asesinato de su hermana.

 

El asesinato de Yoyes conmocionó al País Vasco, y los simpatizantes de la banda se resistieron a aceptar su autoría.

 

Algunos, incluso, prefirieron pensar que el asesinato había sido obra de un grupo de ultraderecha.

 

Pero las dudas se disiparon al día siguiente del atentado. Un día después del crimen, ETA reivindicó el mismo en un comunicado enviado a la delegación en Bilbao de la agencia de noticias France Presse.

 

En el mismo justificaba el asesinato de la exdirigente etarra como algo necesario para prevenir futuras deserciones.

 

Habían matado a Yoyes por "abrir fisuras en los sectores más vulnerables del movimiento de liberación nacional"; por haberse traicionado a sí misma y al pueblo vasco, y por colaborar "con los planes genocidas de las fuerzas de ocupación del Estado opresor español".

 

El mensaje que la banda enviaba era claro: se puede entrar en ETA, pero no salir de ella. De heroína, a villana, chivata y traidora.

 

La mataron para evitar deserciones.

 

Por otra parte, entre los papeles que la Guardia Civil se incautó en su domicilio había una carta, fechada en París el 8 de octubre de 1985, en la que, a modo de testamento, decía: "Tengo la firme convicción de que mi seguridad personal no peligra por el lado de las Fuerzas de Seguridad españolas, que mantienen a este nivel una política de tolerancia bien conocida en los círculos políticos.

 

Por tanto, afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA" (publicado en Mi vida contra ETA, Enrique Rodríguez Galindo, Planeta, 2006).

 

En 1987 fue detenido

 

   José Antonio López Ruiz, Kubati, como presunto autor del asesinato de Yoyes.

 

La Audiencia Nacional lo condenó a 29 años de reclusión mayor por un delito de asesinato, y a 7 años por otro delito de estragos.

 

En la misma sentencia se condenó a

 

   José Miguel Latasa Guetaria, Fermín, a 27 años por un delito de asesinato. Latasa Guetaria, vecino de Ordicia, fue quien realizó las labores de vigilancia sobre María Dolores.

 

Expulsado de ETA en 1994, cuando salió de la cárcel en 1998 la banda terrorista intentó matarlo por su "actitud colaboracionista con el Estado español".

 

Tras participar en el intento de volar un autobús de la Guardia Civil en la carretera de Martutene, el grupo del que formaba parte fue desarticulado y Yoyes cruzó la frontera, instalándose en Bayona.

 

El asesinato de Argala en 1978, y su enfrentamiento con el sector más radical de ETA, fue lo que hizo que se desvinculara de la banda y la abandonase en 1979, yéndose a vivir a México en 1980, donde estuvo seis años y donde nació su hijo.

 

Durante su exilio en este país se licenció en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México.

 

En 1985 decidió acogerse a las medidas de reinserción propiciadas por el Ministerio del Interior tras la amnistía de 1977.

 

La exdirigente etarra había negociado su vuelta directamente con el Ministerio de Interior a través de la embajada de España en México.

 

En una primera etapa se instaló en París y, más tarde, regresó al País Vasco. Desde entonces residía en San Sebastián, pero acudía regularmente a Ordicia, su pueblo natal, donde vivían sus padres y algunos de sus hermanos.

 

Lo de José Luis es diferente.

 

Fue concejal de HB y miembro de ETA, y sólo 10 años después de la muerte de su hermana se atrevió a decir en la televisión vasca que nadie tiene derecho a matar a nadie" (El País, 18/10/1998).

 

A las 17:30  del

10  septiembre  1988

34º aniversario

 

ETA asesinaba a tiros en Izurza-Vizcaya-país vasco-españa,

 

agente de policía

PEDRO ANTONIO FONTE SALIDO


inspector 

MARTÍN MARTÍNEZ VELASCO






El agente Fonte Salido fue acribillado mientras esperaba en un vehículo camuflado a que su compañero saliera del Bar Ozaeta, situado en la carretera que va de Vitoria a Durango.

El inspector Martínez Velasco fue asesinado segundos antes mientras hablaba por teléfono dentro del bar, donde en esos momentos jugaban a las cartas una docena de personas.

Ambos estaban adscritos a la Brigada de Información Antiterrorista de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao.

Según testigos presenciales, los tres etarras que llevaron a cabo el atentado actuaron con celeridad y de forma casi simultánea.

Dos de ellos, que esperaban dentro del bar, dispararon repetidamente por la espalda contra el inspector Martínez Velasco, mientras hablaba por teléfono, al tiempo que el tercero tiroteaba, a través de la ventanilla del coche policial, a Pedro Antonio Fonte.

Los policías recibieron diecisiete impactos de bala y fallecieron en el acto.

En el lugar de los hechos, la Ertzaintza recogió varios casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.

Los terroristas pudieron identificar a los policías por la emisora que llevaba el vehículo, un Opel Corsa de color blanco, según hipótesis barajada por la Ertzaintza.

Los terroristas, que actuaron a cara descubierta, no huyeron en un vehículo robado con anterioridad, lo habitual en los atentados de ETA, sino en un coche propiedad de uno de los clientes del Bar Ozaeta del que se apoderaron después de cometer el doble asesinato.

El coche, un Peugeot 505 gris, fue encontrado media hora después frente al ambulatorio de Durango, a dos kilómetros del lugar del atentado.

Los dos policías asesinados fueron sorprendidos por los terroristas cuando llevaban a cabo una labor de investigación en diferentes bares que podían estar siendo utilizados por miembros o simpatizantes de ETA para contactar telefónicamente

 

El hecho de que los terroristas no acudiesen con un coche propio sino que huyesen en un vehículo robado a uno de los clientes del bar, podría indicar que controlaban perfectamente el área del atentado y que habían descubierto la labor investigadora iniciada por los agentes.

 

 

En 1991 la Audiencia Nacional condenó a

 

   Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, a 30 años de reclusión por cada uno de los dos asesinatos.

 

Gracias a la aplicación de la doctrina Parot por la Audiencia Nacional en febrero de 2010, la excarcelación de este asesino, con condenas que suman 403 años por diferentes atentados, se ha visto aplazada hasta el año 2019.

 

El fiscal en sus conclusiones determinó que los otros dos autores materiales del atentado fueron

 

   Juan Ignacio Oyarbide Aramburu, alias Txiribita

 

   Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias Manu

 

Fallecidos  en Irún durante el enfrentamiento con la Guardia Civil en septiembre de 1989 en el que fue detenido Paterra. También fue condenada a 12 años como encubridora

 

   María Begoña Arroyo Pérez Nanclares, quien escondió durante cinco días a los asesinos en su domicilio de Abadiano (Vizcaya).

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